La planta de la automotriz China Lifan está detenida desde junio de 2018, luego que enviara a 125 trabajadores al seguro de paro. Había retomado la actividad en mayo del año anterior, luego de haber estado cerrada durante todo 2016.
La empresa mantiene sus perspectivas de recuperar su producción en Uruguay, pero será recién en 2020. Se plantea así un desafío para los empleados que quedan ya que, luego de sucesivas prórrogas, está cerca de finalizar el plazo del seguro.
Es por eso que necesitarían una nueva extensión, que solo puede ser aprobada por ley, y así lo fueron a pedir esta semana al Parlamento. Lo hicieron en forma conjunta con la directiva de la firma, con la que aseguran mantienen una relación fluida.
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Según aseguró la delegación ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, la casa matriz confirmó hace dos semanas la decisión de permanecer en el país y enfocar su producción al mercado brasileño.
Precisamente, la voluntad es esperar cómo evoluciona la región en materia se vehículos, con la posibilidad de exportar también a Argentina. El análisis de la empresa es que ninguno de los dos países va a tener en 2019 el dinamismo esperado para poner en marcha una corriente exportadora.
Lifan necesita asegurarse un mínimo de ventas de 3000 unidades al año, demanda que aún no existe en la región.
Mientras tanto, se intenta incentivar las ventas a través de una asociación comercial con un distribuidor en Brasil.
El desafío, afirmó la delegación, es subsistir este año. Es que la directiva de Lifan China fue clara: la planta uruguaya debe ser autosuficiente para solventar sus gastos.
Entonces, se está buscando obtener algún contrato con armadores de otras marcas a los que les pueda interesar armar motores o vehículos en la planta, para tratar de tener ingresos. Lo ideal es que se haga con los trabajadores de Lifan.
También se está analizando la posibilidad de arrendar alguna parte del predio de San José para depósito logístico en el caso de los galpones o para depósito de camiones en el caso de las explanadas.
La situación involucra a Besiney SA, la razón social por la que se opera la planta de ensamblado de vehículos, y Anikto SA, propietaria de la fábrica de motores. Entre las dos suman 104 empleados.
La elaboración de un proyecto de ley para que se les extienda el seguro de paro es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Legisladores de todos los partidos se comprometieron a redactar una minuta de comunicación al Ministerio de Trabajo para que proceda en ese sentido.
Desde el primer cierre, en 2016, otros 153 trabajadores quedaron por el camino.